La creación del Fondo de Redistribución Social, por el cual con aporte de las retenciones móviles que superen el 35 por ciento se motorizará la obra pública, generó más dudas que certezas entre las entidades del agro, que afirmaron que nadie puede estar en contra que se hagan más hospitales, escuelas o mejorar caminos en el interior, pero sin embargo consideraron que “habría que analizar en detalle si son nuevas obras o son las que ya estaban previstas” y que “existen muchos otros sectores con rentabilidad similar que no participan del esfuerzo”, tal como lo aseguró Mario LLambías, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Por eso, ruralistas como Eduardo Buzzi de la Federación Agraria (FAA) instaron a que el esfuerzo sea “parejo”. También Norberto Botaro, de la sociedad rural local empleó conceptos similares para describir su parecer respecto de las medidas dispuestas por el gobierno: “Lamentablemente se perdió 90 días en hacer ese anuncio” subrayó el matancero quien también consideró necesario que “el resto de las actividades económicas hagan su aporte”.
Con todo, las entidades agrarias ya decidieron que apelarán a “la judicialización de la protesta hasta llegar a la Corte Suprema” como ya pasó en San Luis donde la justicia entendió que el problema afecta a la coparticipación federal y pidió al gobierno que brinde una respuesta en 60 días. Sin embargo la disconformidad de los pequeños productores genera tanto en el Gobierno como en el seno de las entidades cierta incertidumbre, es que no se sabe las resoluciones que puedan tomar las asambleas de los productores “Autoconvocados”
Fondo de Redistribución Social
El nuevo esquema contemplado para la utilización de lo recaudado con las retenciones móviles se nutrirá tan sólo de los ingresos provenientes de la soja, a diferencia de lo anunciado el 11 de marzo pasado que incluía modificaciones en las tasas del derecho a exportación de trigo, maíz y girasol. En la actualidad, los valores vigentes para la alícuota que cobra el fisco por tonelada de “ese yuyito” se encuentra en torno al 40 por ciento.
Así, según detalla el decreto 904/08, rubricado por la presidente, Cristina Fernández, el 60 por ciento de lo recaudado será destinado a hospitales y centros de salud; el 20 por ciento a viviendas populares y el otro 20 por ciento para la construcción de caminos rurales.La norma también dispone que "la ejecución de las obras correspondientes se realizará en forma descentralizada mediante la suscripción de convenios con las respectivas provincias y/o municipios del lugar donde se ubiquen".
Por eso, ruralistas como Eduardo Buzzi de la Federación Agraria (FAA) instaron a que el esfuerzo sea “parejo”. También Norberto Botaro, de la sociedad rural local empleó conceptos similares para describir su parecer respecto de las medidas dispuestas por el gobierno: “Lamentablemente se perdió 90 días en hacer ese anuncio” subrayó el matancero quien también consideró necesario que “el resto de las actividades económicas hagan su aporte”.
Con todo, las entidades agrarias ya decidieron que apelarán a “la judicialización de la protesta hasta llegar a la Corte Suprema” como ya pasó en San Luis donde la justicia entendió que el problema afecta a la coparticipación federal y pidió al gobierno que brinde una respuesta en 60 días. Sin embargo la disconformidad de los pequeños productores genera tanto en el Gobierno como en el seno de las entidades cierta incertidumbre, es que no se sabe las resoluciones que puedan tomar las asambleas de los productores “Autoconvocados”
Fondo de Redistribución Social
El nuevo esquema contemplado para la utilización de lo recaudado con las retenciones móviles se nutrirá tan sólo de los ingresos provenientes de la soja, a diferencia de lo anunciado el 11 de marzo pasado que incluía modificaciones en las tasas del derecho a exportación de trigo, maíz y girasol. En la actualidad, los valores vigentes para la alícuota que cobra el fisco por tonelada de “ese yuyito” se encuentra en torno al 40 por ciento.
Así, según detalla el decreto 904/08, rubricado por la presidente, Cristina Fernández, el 60 por ciento de lo recaudado será destinado a hospitales y centros de salud; el 20 por ciento a viviendas populares y el otro 20 por ciento para la construcción de caminos rurales.La norma también dispone que "la ejecución de las obras correspondientes se realizará en forma descentralizada mediante la suscripción de convenios con las respectivas provincias y/o municipios del lugar donde se ubiquen".
No hay comentarios:
Publicar un comentario