jueves, 16 de octubre de 2008

Montoya avanza contra el campo



El titular de la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA), Santiago Montoya, no escatima recursos a la hora de diagramar la lucha contra la evasión impositiva, más aun en épocas de ríspideces con el sector rural, el que ya fue objeto de un control exhaustivo en el Impuesto Inmobiliario.
Pero la avanzada del polémico recaudador contra el sector se potencia ahora con la posibilidad de utilizar el Google Earth a fin de calcular la producción sobre la cual se debe pagar Ingresos Brutos.
De esta manera, para completar el cerco antievasión se incorporará al marco legal vigente una nueva presunción que permite utilizar imágenes satelitales a fin de estimar la base imponible de ese impuesto provincial.

Acción complementaria
En este sentido, no parece casual que recientemente ARBA y la Universidad Nacional de La Plata, firmaran un acuerdo marco de cooperación académica y técnica.
En particular, la casa de altos estudios se compromete a realizar un análisis del actual esquema de tributación sobre la actividad económica rural y, en ese sentido, proponer mejoras en los mecanismos de administración impositiva.
Además, se estimarán los impactos impositivos sobre la producción y las exportaciones agrícolas, y se estudiarán propuestas de mejora en la determinación de tributos al sector rural. También se considerará la experiencia internacional y los efectos sobre las distintas zonas agroeconómicas.

Evasión
En cuanto a la evasión agropecuaria en Buenos Aires, recientemente se conoció una resolución de la Cámara Nacional en lo Penal Económico (Sala B), advirtiendo sobre la presunta existencia de una asociación ilícita por irregularidades en el cobro de devoluciones en el pago del IVA.
Según señalaron fuentes judiciales, las firmas que se encuentran bajo la mira del fisco son, entre otras, “Cargill, Alfred Toepfer, Productos Sudamericanos, Oleaginosa Oeste y Louis Dreyfus”.
Por otra parte, el monto reclamado en distintas causas judiciales a empresas agropecuarias de todo el país, corredores de bolsa e intermediarios, ronda los 300 millones de pesos en el período comprendido entre 2006 y lo que va del corriente año.

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